La implementación del contrato de concesión en la gestión del recurso del agua se dio en países como México y Francia como consecuencia del fracaso de la figura de la centralización y descentralización administrativa; ahora bien, se puede pensar que la figura del contrato de concesión o mejor aún la participación de la empresa privada en la administración del recurso del agua no es mala, siendo además necesaria cuando hay incapacidad constante del sector central (gobierno) o del sector descentralizado (municipal o local) de administrar este recurso, de tal manera que lo negativo o positivo que se pudo examinar en las experiencias surtidas en países como, Francia, Italia, Países Bajos y México, no lo hace como tal la figura, sino la falta de creación e identificación de políticas públicas claras, la falta de identificación e implementación de procedimientos, la falta de coordinación entre el gobierno, el sector descentralizado y la empresa privada. Frente a la anterior dicotomía se tienen dos posiciones contrarias, una de ellas hace referencia a que debe haber un mínima intervención del Estado, y en consecuencia una mayor intervención de la empresa privada, incidiendo en el aumento de ingresos mediante la inversión (autosuficiencia financiera), lográndose eficacia y un mayor acceso al recurso, esto es, la eficiencia de los servicios de los sistemas del agua potable es directamente proporcional a la privatización de éstos; en cambio una segunda posición establece que es El Estado quien tiene la obligación de gestionar y administrar el recurso de forma equitativa, y por ende no debe convertirse en una actividad lucrativa.