"Con la congestión que se ha presentado en la etapa indagatoria de los procesos penales en el ámbito jurídico Colombiano, se ha evidenciado una vez más que lo que los teóricos y pensadores del derecho penal colombiano creen que es un problema de organización, es un problema económico y que al parecer el legislador en aras de ""descongestionar los despachos fiscales"" pretende librar de la carga de ejecutar los procesos penales al Estado, trasladándola oradicándola en cabeza de la víctima y de aquellas entidades administrativas que por sus características puedan ejercer control de la acción penal. La pregunta por las facultades investigativas del acusador particular es algo que cada vez más toma trascendencia en el ámbito jurídico colombiano, puesto que se hace necesario saber a qué limites se ve conminado el acusador en aras de la protección de los bienes jurídicos del indiciado o imputado. Para Montero Aroca el conceder legitimación a todos los ciudadanos, incluso a los no ofendidos, o perjudicados por el delito, implica reconocer que en el servicio de los interesesgenerales no está solamente interesado el poder ejecutivo, sino que pueden participar todos los ciudadanos, y además con visiones distintas de cómo se debe servir mejor dicho interés (Principios del proceso penal una explicación basada en la razón, 1997, pág. 57), ¿es eso cierto?, o el Estado en aras de desligarse de una responsabilidad que no pudo solventar, intenta deshacerse de ella radicándola en cabeza de terceros.""With the congestion that has arisen in the indagatory stage of criminal proceedings in the Colombian legal field, it has become evident once again that what the theorists and thinkers of Colombian criminal law believe is an organizational problem, is an economic problem and that apparently the legislator for the purpose of ""decongesting the tax offices"" intends to freefrom the burden of executing the criminal procexedings on the State, transferring it or placing it in the head of the victim and of those administrative entities that by their characteristics may exercise control of the criminal action. The question about the investigative faculties of the private accuser is something that increasingly takes importance in the Colombian legal field, since it is necessary to know to what limits the accuser is sealed in order to protect the legalrights of the indicted or imputed. For Montero Aroca granting legitimacy to all citizens, even those not offended, or harmed by crime, implies recognizing that the service of general interests is not only interested in the executive power, but that all citizens can participate, and also with different views of how this interest should be better served (Principios del proceso penal una explicación basada en la razón, 1997, pág. 57), is that true ?, or the State in order to dissociate itself from a responsibility that could not solve, try to get rid of it by placing it in the head of third parties"