En gran parte de las economías occidentales la producción y distribución de los bienes recae principalmente en el sector privado más que en público. No obstante, si bien la empresa privada trae consigo ventajas como la eficiente asignación de los recursos, lo cierto es que el Estado se ve obligado a intervenir en el mercado con el fin de atender los requerimientos de bienes públicos que no solventa la empresa privada, en servicios tales como la educación, la salud, la seguridad y el control de la moneda. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 9º del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia los ciudadanos tienen el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad1. El principio básico de la tributación se encuentra en las razones del origen mismo del Estado. Para poder vivir en sociedad y obtener los beneficios que ello representa los ciudadanos crean una serie de instituciones y les entregan parte de su soberanía individual la que incluye un poder de coacción sobre cada uno de los miembros de dicha sociedad, en caso de que el individuo no respete las reglas establecidas socialmente con los mecanismos que la sociedad estableció. No obstante la existencia y el funcionamiento de las instituciones que la sociedad creó para regularse y propiciar el bienestar general, requiere de recursos para poder cumplir con sus funciones, independientemente de la forma organizativa adoptada, el nivel de desarrollo alcanzado o la tendencia ideológica mayoritaria. Es por esto que el tributo constituye la fuente básica de financiación del Estado y es obligación de los miembros de la sociedad que lo conforman contribuir para la manutención de las cargas públicas.Extensión Facatativá