Los colombianos encuentran contemplada la protección al derecho a la salud, inicialmente en la Constitución Política de Colombia Artículo 49: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y restablecimiento de la salud. Corresponde en ese sentido al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.Los colombianos encuentran contemplada la protección al derecho a la salud, inicialmente en la Constitución Política de Colombia Artículo 49: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y restablecimiento de la salud. Corresponde en ese sentido al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. La responsabilidad de los profesionales de la salud, es una preocupación creciente a nivel nacional e internacional. Las organizaciones mundiales han desarrollado planes de acción y cualificación enfocados en prevenir reclamaciones relacionadas con el acto médico y la atención en clínicas y hospitales. El estudio de la responsabilidad del profesional de la salud abarca como primera medida, normatividad vigente y jurisprudencia colombiana aplicable. Resulta entonces determinante en la atención en salud, no solo el galeno sino aquel profesional con especificidad en conocimiento, quien ante un evento adverso puede o no generar un daño antijurídico, elemento crucial para determinar la responsabilidad del profesional.