El presente artículo pretende mostrar como el concepto de justicia que permea las instituciones contemporáneas exige un modelo peculiar de Estado y junto con ello un concepto de persona. Esta no debe entenderse solo como un ser racional, sino, razonable, condición que permite alcanzar acuerdos más allá de sus expectativas individuales, con el fin de promover pactos entre sujetos que se reconocen como libres e iguales, lo cual permite que se consideren vinculadas a una sociedad en donde la noción de asociado está supeditado, no solo a la salvaguardia de ciertos derechos, sino a la cooperación mutua. Con ello se esboza una diferencia radical entre lo que se considera legal y lo que se considera legítimo. Condición está que define al estado social de derecho como régimen constitutivo de las instituciones contemporáneas.